Por Mario Delgado, senador mexicano por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El País (España). Sin haberlo propuesto en su plataforma política con la que ganó las elecciones de 2012, el Presidente Enrique Peña Nieto y su partido -en alianza con la derecha- han dado un viraje a la Constitución para abrir radicalmente el sector energético en México y eliminar la exclusividad de la empresa estatal PEMEX para explotar el petróleo. 

La reforma aprobada en diciembre tiene dimensiones profundas: representa una apertura rápida para permitir la entrada del capital privado nacional y extranjero. Sus promotores esperan que los gigantes petroleros lleguen con cuantiosas inversiones para acelerar el ritmo de extracción, que incursionen en aguas profundas y que exploten los ricos yacimientos de shale gas. El gobierno sostiene que la renta petrolera -aunque ahora compartida- será mayor, lo que le permitirá enfrentar las grandes necesidades sociales.

Pero la reforma tiene los defectos de muchas privatizaciones fallidas en México y América Latina: aprobadas al vapor, de espaldas a los contribuyentes y con esquemas discrecionales que fomentan la corrupción y después representan un dolor de cabeza para los inversores extranjeros. Las empresas españolas lo han vivido en carne propia. Las expropiaciones de Aerolíneas Argentinas y de YPF en Argentina son una muestra.

El incremento de recursos fiscales provenientes de una apertura del sector energético no necesariamente se traducirá en una mayor inversión en infraestructura, capital humano o programas sociales, debido a la mala gestión del gasto público que resulta en un gran desperdicio de recursos, alentado por la ausencia de controles y sanciones efectivas a la corrupción.

En los periodos en que México ha recibido grandes excedentes petroleros, no le ha ido bien. En la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) ingresaron cerca de 80 mil millones de dólares adicionales que fueron destinados a financiar gasto corriente del gobierno y a incrementar la alta burocracia. En tres décadas como país exportador, la tasa de crecimiento anual de la economía no rebasa el 2% en promedio, el salario mínimo ha perdido tres cuartas partes de su valor y 53 millones de mexicanos viven en la pobreza. 

La experiencia internacional sugiere que los gobiernos deben ser cuidadosos al privatizar sectores claves. España no es una excepción en el debate referente a propiedad extranjera inclusive en empresas privadas que son consideradas estratégicas.

El Nobel de economía Joseph Stiglitz y otros autores han advertido de los incentivos perversos de privatizaciones apresuradas -con reguladores débiles-, que resultan en desastres ecológicos y fiscales provocados por la corrupción vinculada a la estrategia de las empresas de maximizar beneficios y reducir costos por cualquier medio. Stiglitz plantea que la única posibilidad de detener esta actitud predatoria es que antes de privatizar, se fortalezcan las instituciones y la transparencia, algo elemental en cualquier democracia.

Aunque en la reforma se establece la creación de varios organismos encargados de administrar y regular el sector, en menos de 365 días deberán hacerse cargo de organizar una de las mayores subastas de yacimientos petroleros del mundo.

En materia de transparencia, poco se sabe de las características y condiciones de los campos a subastar. Lo que si sabemos es que PEMEX ocupa el tercer lugar mundial en eficiencia en la incorporación de reservas y que en la última década el valor de éstas rebasan los 125 mil millones de dólares. Privatizar con una estructura institucional débil o inexistente y en condiciones de poca transparencia, como en el caso mexicano, inevitablemente conducirá a una gran corrupción e inestabilidad política.

Otro aspecto alarmante de la reforma es el tema de los contratos, donde la discrecionalidad es patente. En el nuevo texto constitucional se deja en absoluta libertad a las autoridades para que pacten las condiciones económicas en todos los contratos. Esto resulta muy grave porque cuando al gobierno le urgen los recursos, los activos de la Nación se venden en condiciones lamentables. La actual administración necesita dinero rápido para legitimar esta impopular reforma y hacer contrapeso a la falta de resultados en materia de seguridad y una economía en desaceleración. 

A la privatización le falta la prueba más importante: la de la democracia. La Constitución establece el derecho de los ciudadanos a ser consultados en asuntos de "trascendencia nacional" mediante una consulta popular. La reforma aprobada representa un cambio de rumbo opuesto al espíritu original de la Constitución de 1917, en los artículos donde se plasmaron las aspiraciones de justicia social de la Revolución Mexicana, dando paso a la pacificación del país.

La izquierda mexicana, con el aval de más de un millón y medio de ciudadanos, ha solicitado que se realice la consulta en el proceso electoral del 2015. Devolver el poder a los ciudadanos es la única vía para evitar la impotencia social y generar un contrapeso transparente y democrático a la alianza del gobierno y la derecha para detener la manera tan irresponsable en la que están abriendo un sector estratégico.

Como en otras ocasiones, nuevamente el petróleo plantea una encrucijada que cambiará para siempre la política y economía mexicana. Si el régimen bloquea la consulta e impide su realización, entraremos rápidamente en una espiral de deterioro en la vida pública, donde el dinero de la corrupción del petróleo será utilizado para eliminar alternativas políticas que representen una amenaza a la privatización y crecerán las tentaciones autoritarias.

Si el gobierno decide apoyar la consulta, nuestra democracia se consolidará, se podrá construir un consenso de largo plazo que permita crear las instituciones y los controles para que el sector energético sea el motor de un crecimiento sostenido y pilar de nuestra soberanía nacional.

Ojalá y el Presidente Peña Nieto tenga presente las lecciones de la historia. Para tener más petróleo, necesitamos más democracia.