Por Steven Levitsky, destacado politólogo estadounidense. La República (Perú). La inhabilitación política de Alan García está en debate. Pocos observadores dudan de la existencia de vasta corrupción bajo el último gobierno aprista. Según los proponentes de la inhabilitación, investigar esa corrupción y castigar a los responsables es una cuestión de cumplir con la ley. No hacerlo reforzaría, de nuevo, la impunidad, con consecuencias muy negativas para la calidad de la democracia. 

Esta actitud–compartida por muchos amigos progresistas– es fácil de comprender. El regreso al poder de un conocido corrupto sería realmente lamentable. Pero inhabilitarlo sería peor.

En términos democráticos, dejar fuera de la cancha un candidato presidencial de peso sería un remedio peor que la enfermedad. La inhabilitación política viola una regla del juego básica de la democracia: que todos pueden competir. En democracia, la plena competencia es sagrada. Salvo en casos muy excepcionales, todos los candidatos viables deben participar. Cuando se empieza a excluir partidos o candidatos, la democracia peligra.

En el mundo contemporáneo, la inhabilitación política se asocia con el autoritarismo. En los últimos años ha sido utilizada por regímenes autoritarios en Azerbaiyán, Bielorrusia, Camboya, Camerún, Egipto, Irán, Madagascar, Malawi, Myanmar, Pakistán, Rusia, Uganda, y Tayikistán. Ha contribuido a la inestabilidad democrática en Turquía y Tailandia. En América Latina, la inhabilitación ha sido utilizada por el gobierno chavista en Venezuela (por ejemplo, contra Leopoldo López).

En las democracias contemporáneas, en cambio, la exclusión de candidatos es rara. Aún en los casos de candidatos bastante cuestionados, como el ex presidente Menem en Argentina, Roberto Madrazo en México, Vladimir Meciar en Eslovaquia, o Silvio Berlusconi en Italia, la tendencia es dejarlos participar. En México, cuando el gobierno de Vicente Fox intentó inhabilitar a Andrés Manuel López Obrador en 2005, provocó un escándalo. Después de una protesta de un millón de personas, Fox dio marcha atrás.

Los pocos casos de inhabilitación política bajo democracia han ocurrido bajo uno de dos condiciones: o son (1) golpistas no renovados, como Ríos Montt en Guatemala y Fujimori en el Perú, o son (2) presidentes que han sido removidos en un proceso impecable en términos jurídicos y basada en un amplio consenso político (como Collor de Melo en Brasil). En otras palabras, en las democracias contemporáneas, la inhabilitación se reserva para casos muy excepcionales. Y cuando ocurre, tiene que surgir de un proceso despolitizado, a través de instituciones independientes y confiables, y con un amplio consenso político.

Estas condiciones no existen en el Perú. Las instituciones políticas y judiciales peruanas son politizadas, frecuentemente manipuladas, y ampliamente vistas como corrompidos. El nivel de desconfianza pública en el Congreso y el Poder Judicial es altísimo. (¿Acaso el Congreso que dio luz a la repartija puede inhabilitar a García de una manera creíble?) Dado esta debilidad institucional, cualquier proceso contra Alan García sería altamente politizado. Sería percibido por muchos (y no solo los apristas) como una jugada sucia, una descarada violación de las reglas del juego cuyos fines son netamente políticos.

Un proceso de inhabilitación politizada, sin consenso político, tendría un efecto bumerán contra el gobierno. Los apristas, que dependen de los votos de García, lanzarían una guerra total contra el gobierno. Apoyado por amigos importantes en los medios, el poder Judicial, y quizás las fuerzas de seguridad, intentarían tumbar al gobierno por cualquier medio necesario. Y el gobierno, sin apoyo popular o aliados políticos, sería muy vulnerable.

Más importante, la inhabilitación de García atentaría contra la institucionalidad democrática. Establecería un precedente peligroso. Dado el nivel de corrupción e inseguridad jurídica en el país, ¿qué político peruano no podría ser denunciado o responsabilizado por un acto de corrupción? Todos serían vulnerables. (Los progresistas podemos contentarnos hoy por la inhabilitación de un rival de derecha, pero estaremos construyendo un arma que, tarde o temprano, será utilizado contra nuestros amigos.)

En este sentido, la inhabilitación política es como el referéndum revocatorio: es un instrumento legal y constitucional que puede ser utilizado como un arma para debilitar –“legalmente”– a los rivales políticos (como varios políticos, entre ellos Alan García, hicieron con Susana Villarán).

Peor aún, dejar fuera de la cancha un candidato presidencial de peso –sin consenso político– podría quebrar las frágiles normas democráticas que han reinado desde 2001. Mandaría el mensaje que los políticos ya no son constreñidos por ciertas normas básicas de civilidad e institucionalidad. En el peor caso, la política peruana podría caer en el pretorianismo, donde todo vale en la lucha por el poder. Cuando predomina el pretorianismo, las democracias muchas veces mueren.

Una alternativa a la inhabilitación de los ex presidentes corruptos sería prohibir por completo su reelección. Como en México y los EEUU, los presidentes que cumplen sus mandatos (un periodo de seis años en México, dos periodos de cuatro años en EEUU) se jubilarían para siempre.

Mientras tanto, es importante que el Congreso, el poder Judicial, y los medios de comunicación sigan investigando al gobierno de García. Toda corrupción y abuso del poder debe ser expuesta a la luz pública. Los peruanos tienen el derecho de ser informados sobre los abusos cometidos por sus gobiernos (qué pena que el Grupo Comercio, con su casi monopolio sobre la prensa escrita, ha preferido no difundir información sobre los abusos del gobierno aprista. Humala tiene razón: es una vergüenza).

Pero que el electorado, y no el Congreso, decida si García vuelve a la presidencia en 2016. Sería más sano para la democracia si García juega y pierde que si es expulsado (por un árbitro poco independientes) antes del partido.

La democracia peruana está por cumplir 13 años por primera vez en la historia. Ponerla en riesgo ahora sería lamentable.