Por Mauricio Weibel Barahona. The Clinic (Chile). Treinta mil archivos secretos del régimen de Pinochet revelaron cómo la dictadura militar impuso el actual modelo educacional chileno. En el proceso hubo participación activa de los órganos represivos en el control de liceos, cesiones al Vaticano y pérdidas millonarias al Fisco.

La montaña de memorandos encontrados parten el 30 de junio de 1982 en los albores del masivo traspaso de colegios fiscales a municipios y privados, proceso que deterioró las finanzas y resultados del sistema escolar desde su inicio.

Según los archivos, el general Pinochet comandó en persona algunas de las operaciones que permitieron crear el modelo educativo, las que incluyeron reprimir toda disidencia en los liceos, crear una juventud leal al régimen y traspasar a bajo costo los liceos a privados.

En ese marco, el espionaje a niños y docentes con el apoyo de la policía secreta, la otrora temida Central Nacional de Informaciones (CNI), fue un pilar clave de las transformaciones.

Un ejemplo: “Iván Salinas Melo es el organizador de las exposiciones de pintura que se realizan en el colegio Andacollo”, redactó el organismo de inteligencia el 24 de febrero de 1983, en el informe 210.275 enviado a Educación por el propio director de la CNI, general Humberto Gordon.

Salinas Melo, quien hoy vive en Quito como consultor en migraciones, fue investigado junto al director de ese colegio santiaguino, el párroco estadounidense Gerald Barmasse.

Ambos fueron seguidos por meses, luego que una ex docente del liceo Andacollo, Lorenza Núñez, escribiera una carta a la ministra Mónica Madariaga.

“La línea pastoral del colegio es de abierta oposición al gobierno presidido por el señor Augusto Pinochet”, denunció la maestra en su misiva del 7 de marzo de 1983, en la que dejó un teléfono para “recados”.

La preocupación de la docente fue ratificada por la CNI, órgano que confirmó a la ministra que el joven Salinas Melo, además de pintar, “organiza y agita a los alumnos, mandándolos a las ‘marchas del hambre’, realizadas en el centro de Santiago”.

El nombre de Salinas, un ex alumno ya torturado por la CNI a los 17 años y responsable de la pastoral del liceo Andacollo, es sólo uno de las cientos de identificaciones que llegan a los despachos de los ministros de Educación con el objeto de aplacar la disidencia.

En las nóminas, que abarcan jóvenes de Arica, Temuco o Viña del Mar, asoman nombres de estudiantes como Diego Meza, Edison Díaz, Boris Núñez o Víctor Osorio, hoy presidente del partido Izquierda Cristiana (IC).

-Esto es increíble, de una inmensa gravedad. Los civiles que apoyaron estas acciones deben responder- dijo Osorio a The Clinic al conocer los archivos.

Los seguimientos de la CNI y las delaciones espontáneas de apoderados y colegas permitieron al régimen eliminar así a miles de profesores opositores de colegios públicos, durante el proceso de traspaso de los liceos estatales a los municipios o privados.

“(Pinochet) deseaba conocer la cantidad aproximada de profesores involucrados (exonerados). Según nuestros datos, al momento la cifra bordeaba los 8.000”, reseñó de hecho la Dirección de Educación al ministro de esa repartición el 19 de enero de 1987.

Cardemil, Lucía y la guerra interna

El control sobre el magisterio pretendió ser total desde el corazón del poder. El propio ministerio del Interior pidió el pronunciamiento de Educación sobre la expulsión de docentes opositores al gobierno y el traspaso administrativo de los liceos desde el gobierno central a los municipios.

Un responsable de esas acciones fue el subsecretario del Interior de la época, el hoy diputado RN Alberto Cardemil.

En oficio reservado 2464 del 14 de julio de 1986, Cardemil pidió definir medidas contra el profesor Benjamín Sierra, del liceo A-2 de Arica, por su actitud contraria a la dictadura.

En el anverso, el diputado, quien distribuía fichas de la CNI con antecedentes de opositores a diversos ministerios, tampoco dudó en apoyar a los docentes que creyó leales al régimen de Pinochet, como Sergio Riquelme Pinna, inspector del Instituto Nacional.

“Por la relevancia y trascendencia que tiene el cargo de rector del Instituto Nacional, me permito solicitarte de manera muy especial que consideres los antecedentes del profesor Riquelme para tal designacion”, escribió y firmó Cardemil en carta dirigida al ministro de Educación, Sergio Gaete, el 23 de septiembre de 1986.

El interés de la dictadura por controlar lo que sucedía en los colegios, con órdenes directas de los jefes de la CNI a los ministros de Educación, llegó así a las más altas esferas del poder.

La propia esposa del general Pinochet, Lucía Hiriart, estuvo preocupada de lo que sucedía en el sector hasta las postrimerías del régimen que rigió los destinos de Chile entre 1973 y 1990.

En 1988, tras la derrota en el plebiscito de ese año, Hiriart alertó sobre la supuesta simpatía socialista del funcionario Humberto Vera, de la Secretaría Ministerial de Educación de la austral región de Magallanes. En una respuesta casi inmediata, Juan Antonio Guzmán, ministro de Educación en esos momentos, la tranquilizó diciéndole: “Vera fue nombrado directamente por la Presidencia”.

El seguimiento a menores y profesores no fue entonces un desbande operativo, ni una respuesta excesiva a las marchas, protestas y tomas surgidas desde 1983 en los colegios, en especial en las zonas pobres de la periferia como Maipú y Pudahuel, además del Liceo de Aplicación, en el centro.

Estas operaciones, que abarcaron colegios religiosos como el Alonso de Ercilla, públicos como el A-12 y privados como la Alianza Francesa, fueron parte de un Plan de Guerra del Frente Interno, coordinado entre la CNI y la desaparecida Oficina de Seguridad del Ministerio de Educación, como consta en el oficio reservado 02/36 del 16 de febrero de 1984.

De hecho, la oficina de Seguridad del ministerio de Educación, dirigida primero por el abogado Jorge Guerra Larraín y luego por Patricio Ferrer Ducaud, fue el nexo operativo y administrativo entre la CNI y Educación, aunque centenares de oficios con comunicaciones directas entre los ministros del sector y los sucesivos jefes de la policía secreta.

En ese marco, la oficina de Seguridad del ministerio de Educación coordinó con la CNI la pesquisa de toda delación y solicitó a ese cuerpo represivo que investigara a cualquier funcionario o docente que quisiera trabajar en el sector educacional.

Adicionalmente, Guerra y otros funcionarios del ministerio de Educación, a lo largo y ancho de todo Chile, fueron enviados periódicamente a cursos en la propia CNI o en la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (Anepe).

“Jorge Guerra Larraín ha tomado debido conocimiento del Seminario de Orientación programado por esa Dirección para los días y horas indicados”, informó a la CNI el ministro de Educación de la época, Sergio Gaete, en el oficio secreto 506 del 20 de octubre de 1986, semanas después del frustrado atentado al general Pinochet a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).

Los cursos de instrucción, que pretendieron crear una élite administrativa adoctrinada en la lógica de “la guerra interna”, no sólo beneficiaron a los miembros de la Oficina de Seguridad.

Cientos de parvularias o profesores del ministerio de Educación fueron enviados además a la Anepe a cursar materias como seguridad nacional, geopolítica, guerra nuclear, poder naval, teología de la liberación y estudio crítico del marxismo, como consta en los oficios secretos hoy en poder de The Clinic.

El objetivo era permear a los cuadros civiles de las doctrinas de seguridad nacional, en el marco de las transformaciones neoliberales proyectadas. Cada curso duraba una semana y costaba 50.000 pesos.

Las comunicaciones entre Educación y la CNI fueron formales, aunque muchos de esos documentos fueron quemados, en especial los boletines diarios que la policía secreta enviaba sobre seguridad interna.

De esa destrucción quedaron las actas de incineración firmadas por los propios ministros y otros miles de documentos que por error o causalidad fueron encontrados treinta años después por este pasquín.

Ministros con pistola

Pero no todo fue represión. Pinochet trató también de formar una juventud leal a su régimen que defendiera su obra y la reforma educativa en marcha, la misma que desde 2011 provoca en Chile protestas con cientos de miles de escolares y universitarios en las calles.

Este esfuerzo por crear un estudiantado pinochetista contó con el apoyo de la policía secreta y civiles, entre ellos el actual ministro del Interior Andrés Chadwick y el ex presidente de la Cámara Baja, el diputado y presidente de la UDI Patricio Melero.

“Por expreso deseo de Su Excelencia el Presidente de la República, se realizará durante la segunda semana del próximo período de vacaciones un Congreso Nacional de 1.000 dirigentes secundarios”, redactó el 30 de junio de 1982 en el oficio 2000/4 el ministro secretario general de gobierno, brigadier Julio Bravo.

El acto fue bien evaluado por el régimen y el 22 de agosto de 1983 el nuevo ministro secretario general de gobierno, Alfonso Márquez de La Plata, informó al ministro de Educación, Álvaro Arriagada, de la realización de un segundo encuentro.

A esa reunión asistieron 700 escolares provenientes de liceos públicos de 114 comunas.

Además del propio Pinochet en la apertura, los oradores en la cita fueron el asesinado senador Jaime Guzmán, Chadwick y Melero, todos miembros fundadores de la Unión Demócrata Independiente.

Chadwick y Melero disertaron sobre la participación de la juventud en el Chile de esos años. Cerró el evento con una charla sobre seguridad nacional, Lucía Hiriart.

El esfuerzo por levantar un estudiantado leal, del cual existe registro hasta las postrimerías del régimen, fue apoyado además con el adoctrinamiento de los propios hijos de las autoridades y de los funcionarios, como constó en diversos oficios secretos.

Los hijos de ministros, subsecretarios y altos funcionarios recibieron de hecho cursos periódicos sobre “Seguridad Nacional” y “Doctrinas Totalitarias”, entre otros. El diputado Melero participó de estas instrucciones también.

Sin embargo, contrariamente a los deseos del régimen, miles de jóvenes opositores reunieron fuerzas en torno a la Asociación de Estudiantes Medios entre 1980 y 1983, la Coordinadora de Enseñanza Media (COEM) y la Asociación de Estudiantes Cristianos (ASEC) entre 1983 y 1986, y finalmente la unitaria Federación de Estudiantes Secundarios entre 1986 y 1990.

La primera víctima mortal de ese esfuerzo fue el escolar Mauricio Maigret de 17 años, abatido a tiros el 29 de marzo de 1984 en Pudahuel, en un enfrentamiento con la policía.

-En los liceos de Santiago la represión fue brígida- recuerda el primer presidente de la entonces opositora FESES, Juan Alfaro, también torturado.

El periodista Axel Pickett, primer presidente del Aplicación elegido en dictadura, recuerda que en 1984, “cuando llegábamos al Liceo de Aplicación había en el suelo panfletos con las imágenes de las cabezas degolladas de mi amigo Pablo Cabello y mía”

Las protestas estudiantiles, con tomas de liceos como el propio Aplicación, el Valentín Letelier, el Chileno-Alemán o el A-12, provocan finalmente inquietud en el ministerio de Educación y en especial en la guardia armada, encargada de proteger a balazos a las máximas autoridades.

Ante ello algunos ministros de Educación decidieron comprarse pistolas Astra y pagar su permiso de porte con fondos fiscales, como registran los oficios “Reservados” en poder de The Clinic.

El otrora ministro Gaete, como redactó él mismo en el oficio reservado 116 del 10 de marzo de 1987, decidió, por ejemplo, utilizar para su defensa un revólver Astra, calibre 38, serie R-292972.

Todas estas operaciones ocurrieron como soporte a una masiva venta o traspaso de los colegios públicos a municipios o privados, incluso a bajo precio, como alentó un oficio reservado del 16 de enero de 1986, con el folio 15.000/8.

En dicho documento, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, general Sergio Valenzuela, otorga a Educación el plazo de mes y medio para concluir estas operaciones.

“Deberán considerarse precios moderados de los establecimientos que aseguren el éxito del traspaso y promueven el interés de los destinatarios”, ordenó por instrucciones de Pinochet.

Las ventas, que finalmente no alcanzarán a ser ejecutadas en los plazos pedidos, deben tener como destinatarios sociedades formadas por profesores, empresas de sostenedores privados y particulares a través de la venta de acciones de capitalismo popular, indicó.

Un año después, el Consejo Económico Civil (CES), un órgano asesor de la Junta Militar y Pinochet intregrado por civiles, decidió incorporar sugerencias de Juan Pablo II en los libros y curriculum escolares, rompiendo la centenaria separación entre Iglesia y Estado.

Pero también es planteada por primera vez la posibilidad de que los colegios cobren a los padres, lo que hoy es conocido como el financiamiento compartido de la educación.

“Respecto de la posibilidad de que particulares participen con recursos propios en la educación básica de sus hijos, debo señalar que comparto plenamente la inquietud”, respondió el ministro Guzmán al CES en el oficio reservado 288 del 29 de julio de 1988.

El proceso devino hasta hoy en un jibarización del papel del Estado en la educación.

De hecho, actualmente en Chile sólo un 36 por ciento de la matrícula escolar es proveída por el Estado, en establecimientos con malos resultados académicos mayoritariamente, según mediciones oficiales.

Finalmente, el 27 de agosto de 1987, con el plebiscito para dirimir la continuidad de Pinochet en el horizonte, el ministro Juan Antonio Guzmán aboga por realzar en la Ley Orgánica de Educación el papel de la libertad de enseñanza ante el derecho a la educación, favoreciendo la acción de los privados en el sector.

La Oficina de Estudios Sociológicos de la Armada (OESA), en un informe emitido a fines del regimen a la Junta de Gobierno y los ministerios, anticipa que el traspaso de liceos a municipios y privados ha dejado de ser un conflicto preeminente y que el conflicto estudiantil recae casi en exclusivo en los universitarios: la transformación del sistema educacional ha concluido.

Debajo, el oficio del 4 de octubre de 1988 en que Lucía Hiriart denunciaba a un seremi por ser “totalmente contrario” a los postulados del gobierno. Más documentos en www.theclinic.cl